Detienen a directivo vinculado al caso Next Energy; investigan desvío de recursos en gobierno de Bonilla

Se trata del proyecto de una planta fotovoltaica promovido durante el gobierno del exgobernador Jaime Bonilla Valdez

Por Redacción La Línea 3 julio 2025

Un directivo de una institución bancaria con sede en Monterrey fue detenido este jueves por su presunta participación en el desvío de recursos públicos relacionados con el proyecto de una planta fotovoltaica promovido durante el gobierno del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Zona Mexicali, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Nabor “N”, señalado por el delito de abuso por retención, derivado de la retención indebida de recursos del Poder Ejecutivo que serían destinados al proyecto energético conocido como Next Energy.

La detención ocurrió a las 10:30 horas en la intersección de Calzada Independencia y Calle de la República, en Mexicali, como resultado de trabajos de inteligencia realizados en campo y gabinete por la fiscalía estatal.

El proyecto Next Energy fue anunciado en 2021 por el entonces gobernador Jaime Bonilla como una presunta solución a los problemas de abastecimiento eléctrico en Baja California.

El plan contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica mediante una asociación público-privada, con financiamiento adelantado del Gobierno del Estado. Sin embargo, el contrato fue severamente cuestionado por su falta de transparencia, posibles irregularidades financieras y el hecho de que la planta nunca se construyó.

Durante la administración actual, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se abrieron diversas líneas de investigación sobre el destino de los recursos comprometidos en dicho proyecto, así como sobre la actuación de funcionarios y particulares involucrados en su ejecución.

El detenido presuntamente fungió como enlace entre el Gobierno del Estado y la banca privada encargada de resguardar los fondos públicos, los cuales fueron retenidos sin que se cumpliera el objeto del contrato.

Con esta acción, la FGE señaló que refrenda su compromiso con la investigación de delitos de alto impacto financiero y con la protección del patrimonio del estado.