La falta de mecanismos adecuados para verificar a los proveedores de las boras públicas han facilitado las prácticas de corrupción, sobre costo y adjudicaciones a discreción, señaló el diputado Ramón Vázquez Valadez.
Ante ello, el legislador del Congreso de Baja California, propone que sea un requisito obligatorio la presentación positiva del SAT para que las personas físicas y morales puedan participar en proveer obras públicas en los gobiernos.
Dijo que la transparencia en la selección de proveedores no debe ser una opción, sino un requisito obligatorio para garantizar la legalidad, eficiencia y ética en el uso del dinero público.
En su exposición de motivos, destacó que estudios han documentado sobrecostos del 17 % al 36 % en licitaciones, así como que entre el 55 % y 65 % de los contratos se otorgan por adjudicación directa o con ofertantes únicos. También recordó el caso de “La Estafa Maestra”, en el que 11 dependencias federales triangularon recursos públicos mediante universidades y empresas fantasma, generando pérdidas millonarias.
“Una herramienta clave para garantizar la probidad del proveedor es requerir la opinión positiva del SAT. Esta opinión es el documento oficial que acredita que el proveedor está al corriente en sus obligaciones fiscales, y goza de buena reputación ante la autoridad tributaria”, detalló el congresista.
En ese contexto la iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado, busca profesionalizar los procesos de contratación pública, cerrar espacios a la corrupción y asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.