La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el objetivo de tipificar como delitos diversas prácticas laborales, entre ellas el cierre repentino de empresas, el incumplimiento reiterado del pago de salarios y el acoso laboral, conductas atribuidas a las llamadas empresas golondrinas.
La Legisladora explicó que la propuesta plantea sanciones penales para personas físicas y morales que, de manera dolosa, vulneren derechos laborales y afecten la estabilidad económica de personas trabajadoras y sus familias.
“La y los trabajadores no pueden seguir siendo quienes paguen los platos rotos cuando una empresa desaparece de la noche a la mañana. El trabajo digno y el salario son derechos, no favores”, expresó la diputada de Morena.
La propuesta contempla la creación del capítulo “Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social” dentro del Código Penal del Estado, con el fin de establecer sanciones específicas contra malas prácticas patronales que actualmente se atienden únicamente por la vía administrativa o laboral.
Entre los delitos incluidos se encuentran los relacionados con el incumplimiento salarial. En estos casos, se prevén penas de tres meses a dos años de prisión para personas patronas que retrasen el pago de sueldos por más de veinte días, retengan salarios sin fundamento legal o incumplan con el reparto de utilidades conforme a la normatividad vigente.
El paquete de reformas, denominado “Ley Antigolondrina” por integrantes de la comunidad trabajadora, también considera sanciones para empresas que cierren operaciones, cambien de domicilio o impidan el acceso a los centros de trabajo sin cubrir salarios, prestaciones o finiquitos. Para estas conductas se establecen penas de uno a seis años de prisión, al considerarse un abandono empresarial deliberado.
De acuerdo con la legisladora, estas prácticas han sido denunciadas de manera recurrente por trabajadoras y trabajadores, sin que hasta ahora exista una tipificación penal que permita una sanción más amplia, ya que los casos se atienden desde el ámbito laboral.
Sánchez Allende señaló que entre 2023 y 2025 se identificaron 25 empresas que cerraron sus puertas al personal, lo que derivó en la falta de pago de indemnizaciones, salarios, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y utilidades.